Una versión de esta historia en Inglés se puede leer aquí. —Editor

Debido a la falta continua de intérpretes, el sistema judicial del condado de Santa Clara ha logrado segregar a los ciudadanos con base a su idioma durante años. Por lo tanto, esta separación ha causado injusticias.

De acuerdo con documentos de la corte, acusados, intérpretes del condado y abogados de defensa, San Jose Inside pudo constatar que los angloparlantes reciben mejor protección del proceso en comparación con hablantes foráneos. Ya que regularmente estos son afectados con demoras y trámites acelerados por parte de intérpretes con exceso de trabajo o miembros bilingües de la corte que no cuentan con una certificación oficial.

“Es un gran problema,” dice la Defensora Pública del condado Molly O'Neal. “Creo que como sistema realmente debemos aprender a cambiar la manera en que vemos a los intérpretes,” dice O'Neal. “Si tenemos problema consiguiendo intérpretes calificados en el condado, debemos pagarles más. Es un acceso igualitario a la justicia que debe ser abordado. Debemos financiar nuestro sistema jurídico.”

Las secuelas de la carencia de intérpretes han generado que el sistema jurídico del condado de Santa Clara tenga una de las peores reputaciones en la región. La Sala de Justicia promedia dos o tres intérpretes disponibles por dia de los mínimos requeridos para realizar correctamente las tareas en los tribunales, según la representante de la Federación de California de Intérpretes, Mary Lou Aranguren.

“En comparación con otros tribunales en el área de la bahía, sólo el condado de Santa Clara está sufriendo esta extrema, crónica y continua al déficit de intérpretes en Español,” aclara.

Funcionarios de la corte manifiestan que el condado no lleva un registro del número de acusados hispanohablantes que han sido afectados por la reducción. Sosteniendo que cada persona en el juzgado recibe igualdad de trato, sin importar el idioma que hablen.

Aranguren, defensores públicos como Meghan Piano e intérpretes incluyendo Phelan-Cáceres pintan un cuadro diferente. Destacan los problemas en más de 70 casos en donde intérpretes son necesario entre sólo en Ene. 20 y Feb. 26—un número que sienten es solamente “la punta del témpano.”

En ocaciones, acusados hispanohablantes sufren retrasos extravagantes. Como Jaime González, que durante casi un año ha ido a la corte "muchas, muchas veces," sólo para ser pospuesto o enviado de vuelta a casa debido a la falta de intérpretes.

“Un día, esperé hasta las 2:30pm sólo para que me dijeran que no había ningún intérprete,” dice González. “Tengo hijos en la escuela. Ya que soy padre soltero, tengo que cocinar para ellos, lavar, limpiar, todo. No tengo a nadie que los cuide. No tenemos otra alternativa. No quiero que mis hijos estén viendo esto. Te estresas esperando a un intérprete. Tal vez si va ver uno. O tal vez no. Ese es el mayor problema.”

Sin intérpretes disponibles, los posibles acusados deben reprogramar. Este es un caso que afecta principalmente a los hispanohablantes pero para los acusados que hablan un lenguaje menos ordinario, los tiempos de espera puede extenderse por meses. Jaswinder Singh ha sido reprogramado cinco veces ya que el habla Punjabi. Aún así no se ha contratado a un intérprete para mediar su caso. Como consequencia de los retrasos y reprogramaciones se han desaprovechado inumerables horas esperando interpretes las cuales son financiadas con el dinero de los contribuyentes.

“Es un problema,” dice el fiscal de distrito del condado de Santa Clara, Jeff Rosen. “Tenemos una gran cantidad de casos, y quiero esos casos aclarados. Cualquier cosa que retrasa la administración de justicia no es buena para la comunidad.”

En otros casos, los acusados renuncian al derecho constitucional de un intérprete con la espera de lograr un veredicto más rápido. Pero al mismo tiempo, al hacerlo los pone en riesgo de no entender las ramificaciones de sus juicios. En solo dos días, Febrero 10 y 16, esto le sucedió a Karina Vera, Mauricio Sánchez Hernández, Glenn Alejandrooca Ocampoflores, Richard Quiroz Mendoza, Wilson Antonio Henríquez, Long Do Hoang, Rodolfo Ángel Ojeda, José Leonardo Carabajal, Oscar Ortega Díaz, Víctor Méndez, Antonio De Jesús Cortesarista y David Pérez Ramírez.

Los acusados que renuncian al derecho a un intérprete deben conformarse con cualquier persona (si es que la hay) que pueda hablar español en la sala. El 20 de Ene., Luis Oscar Chavez Mendoza esperó desde las 9am hasta las 2:30 pm, sólo para renunciar a su derecho a un intérprete certificado y utilizar un abogado hispanohablante de la oficina del defensor público.

En algunos casos, los mismos jueces han actuado como intérpretes de los acusados, lo cual tanto como el defensor público y el fiscal del distrito consideran comportamiento inapropiado en el tribunal. El 20 de Ene., Hon. Teresa Guerrero-Daley tradujo para Roberto Avalos Santiago, Francisco Alirio Catedral, Juan Carlos Lombar Gómez y José Antonio Rodríguez, seguido de dictar sus comentarios para el registro en Inglés. De acuerdo a múltiples fuentes entrevistadas para esta historia estas acciones constituyen un procedimiento inadecuado.

“No estoy de acuerdo con un juez haciendo eso,” dice Rosen. “Pone al abogado defensor y al fiscal en una situación difícil. Al punto en que terminamos discutiendo con el juez, se trata de la ley y la forma de aplicar la ley. No de la traducción.”

Las solicitudes para entrevistar al juez del condado, Risë Jones Pichon, el cual supervisa todos los temas relacionados con la corte, fueron negadas.

El 3 de Feb., Favian Ochoa Macías renunció a sus derechos de interpretación a pesar de enfrentar cargos de agresión sexual. El 18 de Feb., José Domingo Alvarez Vega desistió a una conferencia de preparación con referencia a su cargo por poner en peligro la vida de un menor. El 22 de Feb, Jehova Arciga renunció antes de enfrentarse a los cargos de delito mayor por drogas. Y el 7 de Marzo, Primitivo Hernández renunció a su derecho a un intérprete durante el juicio de petición sobre su cargo de delito de asalto con arma mortal.

“Es un absoluto fracaso”, dice Darby Williams, un abogado que anteriormente trabajó en la oficina del defensor público. “Si alguien sale de ese tribunal con una vaga idea de lo que han hecho, o lo que les ha sucedido a ellos o a sus seres queridos, entonces eso es un fracaso absoluto. Están creando cicatrices legales.”

Traducción por Daphne Morales y Mariana Sanchez.